Un análisis sobre agua y aguardiente

Hoy me enfocaré en dos temas que se abordaron esta semana aquí en Villavicencio: uno, el invierno que hemos tenido casi sin pausa desde marzo en el Meta y que en los días recientes generó caos en la carretera Villavicencio-Acacías porque el río Guayuriba se desbordó y corrió sobre la vía, obligando a un tráfico lento en el sector Cuncia Baja. 

Lo que me sorprendió es que el director de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, Hernando Martínez, confirmó que el 4 de febrero se firmó un contrato por $13.316 millones para proteger la carretera, pero seis meses después no han iniciado trabajos.

Martínez dijo que el acta de inicio tiene fecha 7 de febrero y que la idea es construir 1.400 metros de dique en la margen izquierda entre el puente viejo y el nuevo, más 400 metros adicionales a partir del puente nuevo, aguas abajo.

La excusa es que el interventor ha dicho que no se deben iniciar trabajos porque las crecientes del río arrastrarían de inmediato los montoncitos que acumulen las máquinas en la orilla izquierda.

Excusa inaceptable. Es que antes de contratar con esos $13.300 millones, ya era claro que la isla que formó la acumulación de material en el centro del río iba a empujar el agua hacia la margen izquierda, así que en vez de contratar montoncitos de tierra para atajar el agua (que es lo que siempre se ha hecho con las famosas horas/máquina), han debido contratar una draga para quitar esa isla visible en el centro del río, bajo el puente que está en uso.

Draga o la solución que recomendara la ingeniería para quitar esa isla que empuja el agua hacia la izquierda. No soy ingeniero, pero sé que la ingeniería tiene capacidad para solucionar problemas como este. Es claro que guardar los $13.300 millones y cruzarse de brazos a esperar que deje de llover no era lo que correspondía.

Pero ahí no para la cosa. El diputado Juan Camilo Chávez citó la respuesta a un derecho de petición interpuesto por el contralor de Villavicencio, Carlos López, en la que dice que desde 2018 se han invertido más de 40 mil millones de pesos en horas/máquina en el río Guayuriba.

Como si fuera poco, el director de la Oficina de Riesgos anuncia que este Gobierno aspira a entregar 28 estudios y diseños correspondientes a obras de contención en los ríos del Meta. Entonces proyectan contratar una consultoría para que haga 15 estudios y luego otra consultoría por 13 más.

En el pasado ya hemos visto que esos estudios se archivan porque supuestamente no hay dinero para ejecutar las obras que allí se recomiendan, y pasan varios años y los nuevos funcionarios salen a explicar que toca actualizar los estudios y diseños. Y vuelven a contratar más estudios y diseños.

El segundo tema lo colocó sobre la mesa el director de la Unidad de Licores del Meta, Diego Meyer, quien informó que en solo tres días (durante el Torneo Internacional del Joropo) vendieron 12.154 botellas de aguardiente. Tomando un precio promedio de $100.000 cada botella (precio de festival) suma $1.215 millones.

“Una cifra muy alentadora, no la habíamos tenido en ningún otro festival”, dijo Meyer con tono orgulloso.

Comprensible. La Unidad de Licores está para eso: para vender aguardiente. Pero una lectura por fuera de la Unidad de Licores es que un grupo de personas se gastó $1.215 millones de pesos en aguardiente… ¡en un fin de semana!

Inevitable pensar que con esos $1.215 millones desperdiciados en aguardiente se hubiera podido calmar el hambre de mucha gente durante más de tres días… O quizá un buen parque para los niños en algún barrio marginal… Podríamos hacer una lista larga…

Pero como decía mi amigo Darío: ¿es con su plata?

Omar Camargo
Periodista

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