El nuevo presidente y la lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción es una de las banderas de los dos candidatos que hoy domingo se disputan la Presidencia de Colombia. Y de su efectividad depende en mayor o menor grado que se puedan solucionar los otros problemas del país.

La inseguridad, por ejemplo, parece una extensión de la cultura de robar que impusieron funcionarios públicos y contratistas. Y eso ante los ojos de un sistema de justicia ineficiente que también cedió a las tentaciones que ofrece el dinero fácil.

Entonces es el gran reto que tienen Rodolfo Hernández o Gustavo Petro a partir del 7 de agosto.

Nos queda confiar en que cualquiera de los dos que llegue al primer cargo público de la Nación le ponga un enfoque realista al tema. Porque es que a comienzos de este año se sancionó la Ley 2195 de 2022, Ley Anticorrupción, pero ya han pasado algunos meses y no ve uno que las cosas hayan cambiado en ese escenario.

Faltan acciones prácticas. Por ejemplo: que la ESAP o la Contraloría capaciten a la ciudadanía sobre acceso al Secop II, el sistema donde se puede hacer seguimiento a la contratación pública. Que cualquier colombiano sea experto en Secop II para que esta herramienta sea realmente útil en la lucha contra la corrupción.

O que las rendiciones de cuentas de las instituciones del Estado sean honestas, sin maquillajes, sin ese estilo absurdo de funcionarios tratando de convencer a los espectadores de que todo está de maravilla y nunca informan sobre los aspectos negativos.

Que alguien financie la creación de veedurías ciudadanas profesionales, capaces de informar a la ciudadanía sobre las irregularidades que detecten en la administración pública, sin que medien intereses particulares. Ya es conocida la actitud de algunos veedores: si el funcionario paga o le da un contrato, habla bien. Y si no le llena el bolsillo, habla mal.

Que el sector privado financie un Centro de Pensamiento regional que aporte análisis objetivo sobre la actualidad en el Meta (en nuestro caso) para que gobernantes y comunidad tengan elementos de juicio que les permita reaccionar en la dirección correcta cuando se desate alguna controversia.

Despolitizar la justicia y los órganos de control también es importante, por supuesto.

Acciones prácticas para enderezar esta supuesta democracia que hace rato anda bastante torcida, precisamente porque la corrupción abre puertas a violaciones de derechos humanos. Si se erosionan los derechos y libertades, se debilita la democracia, el autoritarismo avanza y la corrupción sigue aumentando.

La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, ha declarado:

“Los derechos humanos son más que algo deseable en la lucha contra la corrupción. Los modelos autoritarios destruyen los controles y contrapesos independientes y hacen que tomar acción contra la corrupción dependa de los caprichos de una élite. La única ruta sostenible hacia una sociedad libre de corrupción es asegurar que la población tenga la posibilidad de hablar libremente y trabajar colectivamente para pedir cuentas a aquellos en el poder”.

Por su parte, Juan Gabriel Gómez, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, menciona otro de los focos de corrupción:

“El sistema de despojo (o del botín) fue el nombre que le dieron a comienzos del siglo XIX los políticos estadounidenses a la práctica de llenar los cargos públicos con sus seguidores, independientemente de su capacidad y probidad, luego de ganar las elecciones”.

Eso me hace recordar una conferencia, hace ya varios años en la Unimeta, del embajador de Corea del Sur, quien explicaba que allá un ministro puede durar más de una década en el cargo porque no dependen de las apetencias burocráticas de algún senador que haya pactado apoyo al candidato para que luego como presidente le dé cuota en el gabinete. Allá depende de su capacidad ejecutiva. Si muestra buenos resultados, sigue en el cargo. Así de sencillo.

Gómez cree que “es mucho lo que Rodolfo Hernández y Gustavo Petro prometen en la lucha contra la corrupción, y poco en realidad lo que estarían dispuestos a cumplir”.

Pero ahí es donde toca cambiar el paradigma: no nos quedemos cruzados de brazos esperando que sea el presidente de la República el que nos resuelva el problema de la corrupción. Sumémonos, como ejército fiero, a esa batalla.