Reflexiones sobre angelitos y demonios
La partida de alias Otoniel enfureció a sus pistoleros que salieron a fastidiar a la población civil en departamentos del norte de Colombia.
Eso da para una primera reflexión: parece que el Gobierno no tiene la capacidad de contener a estos ejércitos ilegales al servicio del narcotráfico que también los tenemos por aquí, en varias zonas del Meta y en el vecino Guaviare. Aquí también fastidian a los civiles que saben que, si reclaman, la respuesta será con balas. Por eso se ve que solo pueden reclamarle al Ejército legal al que con frecuencia acusan de violar los derechos humanos. Nunca se ve una marcha con alguna cartulina que diga “Fuera narcos de nuestro territorio”. Pero es comprensible.
Segunda reflexión: estuvo en Villavicencio la senadora de la Unión Patriótica Aída Avella y dijo que el Gobierno no debió extraditar a alias Otoniel porque sus víctimas en Colombia reclaman verdad. “Cuando empezó a hablar con nombres y apellidos, inmediatamente lo sacaron. Han debido esperar a que él contara lo que sabe”.
Y uno como simple observador se pregunta: ¿es que solo en Colombia puede Otoniel contar “la verdad”? ¿En Estados Unidos no? Coloqué entre comillas la verdad porque no podemos descartar que este jefe narco se ponga a inventar cosas para salvarse o salvar a uno que otro socio desviando la atención hacia otro lado.
Supongo que la senadora Avella, a sus 73 años, no estará creyendo que Otoniel es un angelito enviado por Dios a decirnos la verdad y solamente la verdad…
Pero lo otro: que al extraditarlo entonces perdemos la oportunidad de que nos cuente la verdad… no tiene sentido. Si el tipo tiene la voluntad de aportar pruebas contra políticos o militares colombianos que fueron sus socios, lo puede hacer aquí o en Cafarnaum.
De hecho, ya habló ante la JEP y no veo que la JEP haya salido a contarles a las víctimas “la verdad”… Tocó conformarnos con lo que filtró el periodista Daniel Coronel.
Y por ahí va la tercera reflexión: que Otoniel, en la lista de socios que le entregó a la JEP, colocó al exgobernador del Meta Alan Jara. Y de inmediato Jara salió a desmentir. Así que uno podría pensar “ah, bueno. Jara dice que no es cierto. Fin de la historia”. Pero quedan preguntas sin respuesta:
¿Por qué Jara no aclaró en su comunicado si durante su administración hubo convenios con la Universidad de Cartagena? Es que en la declaración de Otoniel dice que la Universidad de Cartagena prestaba el nombre para contratos con entes territoriales y que las utilidades se las giraba al grupo armado. Citó el caso del hospital de Yopal que le correspondió al Bloque Centauros.
¿Qué interés podría tener alias Otoniel en afectar “el buen nombre” de Alan Jara? Salvo que quiera desviar la atención hacia otro lado para proteger a su verdadero socio. El propio Jara ha dicho que sospecha que algún enemigo suyo pudo haber negociado con las Farc para que lo secuestraran en 2001.
Jara es un político avezado. Tampoco es un angelito enviado por Dios a decirnos la verdad y nada más que la verdad. Las famosas ías (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) harto han hablado de él y no con elogios.
Si bien es cierto que en 2020 el contralor Felipe Córdoba lo eximió de responsabilidad fiscal por una inversión de 9.220 millones de pesos (el fallo dice que sí invirtieron el dinero en la consecución de la licencia ambiental y el terreno para la construcción de la Refinería), también lo es que el contralor anterior, Edgardo Maya, publicó en 2018 un informe en el que se lee:
“… el organismo de control presentó un informe de auditoría en el que señala que los recursos invertidos no fueron 18.000 millones de pesos, sino que ascendieron a 29.429 millones de pesos. La diferencia se debía a que 11.000 millones de pesos adicionales se destinaron para la construcción de un ferrocarril y otros proyectos como carreras universitarias que nunca se pusieron en marcha. La propuesta para el ferrocarril era construir 260 kilómetros de vías férreas para transportar el crudo desde Campo Rubiales. Nunca se tuvo en cuenta el hecho de que este crudo lo transportaría Ecopetrol a través de un oleoducto”.Por eso el fallo de los 9.220 millones no aclaró del todo el caso de Llanopetrol.
