“Lo que diga un informe pericial no es palabra de Dios”

Una de las noticias que llamó la atención esta semana fue la captura del secretario de Gobierno departamental, Hernán Gómez, y dos exalcaldes de Fuentedeoro para que comparecieran a una audiencia en la que la Fiscalía les imputó los delitos de celebración indebida de contratos, peculado, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

Me sorprendió que uno de los abogados defensores es Iván Cancino, tan prestigioso como Jaime Granados a nivel nacional. De hecho, esta misma semana ambos participaron en el conversatorio “Problemáticas del Sistema Penal Colombiano”, por los 10 años de la Fundación Defensa de Inocentes.

Aquí podemos hacer una primera reflexión: si los presuntos corruptos contratan a alguien de la talla de Cancino es porque entre líneas admiten que están ante un caso grave donde necesitan artillería pesada para defenderse.

Cancino es un abogado muy particular. En el conversatorio dijo que la búsqueda de la verdad le hace daño al sistema de justicia de Colombia.

Sostiene que un proceso penal debe es buscar el respeto de las garantías. Y admite que, “si respetando las garantías, llegamos a la verdad… ¡maravilloso! Pero, si respetando las garantías no llegamos a la verdad, en todo caso hicimos justicia”.

Uno entiende que a los abogados les toca defender inocentes, pero que en los casos en que les toque defender a un culpable, procurarán que su cliente -de quien están recibiendo una paga- no termine con la máxima sentencia.

Por eso es entendible que Cancino no defienda la verdad. Quienes no somos abogados nos preguntamos ¿cómo puede haber justicia sin verdad?

En la misma conferencia, Cancino insistió en algo que todos sospechamos: las cárceles tienen un alto porcentaje de personas inocentes condenadas, que no tuvieron acceso a una buena defensa.

De esto entonces podemos concluir que hay buenos abogados y malos abogados. ¿Por qué hay malos abogados? ¿Es responsable la Academia que les otorgó el título? ¿O es una responsabilidad exclusivamente individual?

Un paréntesis para decir: malos abogados, malos gobernantes, malos periodistas… un país estancado.

Durante la audiencia contra los exfuncionarios del Meta por presunta corrupción, Cancino dijo que “lo que diga un informe pericial no es palabra de Dios”.

Podría interpretarlo como que un prestigioso abogado está afirmando que las investigaciones de la Fiscalía no necesariamente son la verdad.

Creo que los simples observadores podemos aceptar eso. Porque en un juicio está la Fiscalía como ente acusador, están los abogados defensores para rebatir sus argumentos y está el juez que es el que toma una decisión, sopesando lo expuesto por ambas partes.

Pero fíjense que en este país el fallo de un juez vale tres pesos. Porque normalmente escuchamos al sentenciado decir que no pasa nada con un fallo de primera instancia porque tiene derecho a apelar. Y luego cuando el fallo de segunda instancia le confirma la sentencia, igual sigue diciendo que no pasa nada porque todavía tiene el recurso de casación ante la Corte Suprema.

Fíjense también en el lenguaje del abogado defensor Cancino para enredarle la pita a la Fiscalía: “Aquí se dedicaron a lo que la Fiscalía llama hechos reveladores. Eso no existe. Lo que hay son hechos jurídicamente relevantes. Los hechos reveladores es prueba. Y los hechos jurídicamente relevantes no pueden confundir los hechos de prueba con los hechos jurídicamente relevantes. Aquí se dedicaron a hablar de hechos reveladores, que no es otra cosa que prueba. Y este no es el momento para hablar de pruebas. Entonces hay una gran confusión que enreda la imputación porque se habla de unos hechos reveladores que no son los hechos jurídicamente relevantes y por el contrario lo que generan es una confusión muy amplia para el imputado y para la defensa”.

“Pero después pasa la señora fiscal a hablarnos de un interés indebido y realmente lo que uno escucha son apreciaciones subjetivas de la Fiscalía que muchas veces incluso pueden ser falacias ad hominem porque lo que habla es: descarados, delincuentes, hechos ilícitos… descaradamente no es un verbo rector de ningún tipo penal que yo conozca”.

Es probable que el abogado defensor sea más convincente que la fiscal. La jueza lo reflejará en su decisión. Pero lo cierto es que lo que ha narrado la Fiscalía no es un tema desconocido.

Es el típico caso en el que una organización ambiciosa frente a la contratación pública le lleva la carpeta lista al alcalde de un municipio que no tiene presupuesto para tener una gran oficina de Planeación con capacidad para estructurar sus propios proyectos y buscar la financiación para ejecutarlos.

La senadora Esmeralda Hernández Silva ya había denunciado este modus operandi hace pocas semanas: “Varios alcaldes nos contaron cómo funciona este entramado. Aproximadamente el 10% se desvía en la entrega de coimas a funcionarios a cambio de la aprobación del proyecto”.

La joven política bogotana explicaba que los alcaldes de municipios de quinta o sexta categoría ni siquiera tienen la opción de escoger las obras prioritarias que necesita su territorio, sino que terminan aceptando lo que un contratista les presenta para poder demostrar gestión.

Como no tienen dinero para contratar expertos en diseñar los proyectos con toda la metodología que exige Planeación Nacional, les toca aceptar la carpeta que les presenta el particular, sin importar que no sea una obra prioritaria.

Y la Fiscalía agrega: “Desde antes de suscribir el convenio, ya estaba determinado, ilegalmente, quiénes serían el contratista y el interventor”.