El intransitable camino de los reclamantes de tierras

El caso de las hermanas Sandra Milena y Yadmil Cortés Uribe, asesinadas en zona rural de Mesetas (Meta), muestra los grandes riesgos de quienes reclaman.

TRISTE FINAL DE DOS HERMANAS

En el año de 1996 fue asesinado Luis Eduardo Cortés, cerca de su finca conocida como La Ilusión, en zona rural de Mesetas. Sus familiares aseguraron en su momento que el móvil del crimen fue la negativa de don Luis a pagar una extorsión a las antiguas FARC. En los años siguientes el acoso de esa guerrilla continuó y fue en 1999 que la viuda fue obligada a vender forzosamente las 240 hectáreas de sus tierras por las que les dieron una irrisoria suma de dinero. Entonces la mamá tuvo que salir de terruño; sus hijas estaban pequeñas y aunque no decían nada, entendían perfectamente lo que ocurría.

En junio 16 de 2016, Sandra Milena Cortés Uribe ya mayor de edad, hija del asesinado Luis Eduardo, comenzó con el proceso de reclamación, lejos estaba de imaginar que eso la llevaría a su muerte.  

En 2017, un año después de la firma del tratado de paz, las FARC incluyeron la finca La Ilusión dentro de los predios que tenían para devolver. En 2019 se estableció la primera diligencia para entregarles el predio (un registro catastral obligatorio en la ley), pero la familia Cortés decidió no asistir porque no les brindaban las garantías necesarias para su protección.   Sandra Milena había sido amenazada de muerte y al interponer la demanda y después de un estudio de riesgo, la UNP (Unidad Nacional de Protección) sólo le otorgó un chaleco antibalas y un teléfono móvil.

Y es que ante esta situación cualquier persona se siente intimidada. Otros casos consultados, quienes nos han pedido la reserva de sus nombres, aseguran que han decidido no seguir con el proceso de reclamación de tierras: “es mejor estar vivo sin tierra que muerto sin como disfrutar lo que nos quitaron”, aseguran visiblemente apesadumbrados. Son dos familias en la vereda Palmeras y una más también en zona rural que aseguran estar amenazados, en jurisdicción de Mesetas.  

La situación de riesgo que vivían los reclamantes junto con los campesinos de la zona ya había sido puesta en conocimiento público. En el documento 026 de 2020, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana en la que se indicaba que las disidencias de las FARC y otros grupos ilegales armados y organizados hacían presencia en la zona rural entre Uribe y Mesetas y prevenían sobre las posibles acciones y planes de estos grupos por su disputa territorial.

Pero volvamos con el caso de las hermanas. En 2021 y con el registro suspendido varias veces, Yadmil y Sandra Milena Cortés decidieron correr el riesgo de asistir a la visita catastral como último requisito para que les devolvieran la tierra que tanto esfuerzo y dedicación le había costado a su padre. Ustedes saben el final: fueron encontradas por soldados del Ejército Nacional, en una fosa común junto con los cuerpos de John Steven Cogua, conductor del vehículo donde se transportaban y de Karen Sulay Garay, contratista de la oficina de Unidad de Restitución de Tierras en Villavicencio y encargada de la diligencia.

Y es que la restitución de tierras ha sido y muy posiblemente seguirá siendo un camino difícil de transitar mientras que las organizaciones delictivas y/o dedicadas al tráfico de estupefacientes sean quienes gobiernan en las zonas objeto de reclamo. Cifras oficiales indican que en el departamento del Meta el porcentaje de cumplimiento a mayo de 2021 era del 22.07%, cifra que pareciera alta si la comparamos con la media nacional que escasamente llegó al 11%.

Los municipios del Meta con más reclamaciones son: Vista Hermosa con 923 casos, Puerto Rico con 723, Puerto Gaitán con 646, Mesetas con 540, El Castillo con 536 y Uribe con 524 casos. Contrario a lo que sucede en el país pues las estadísticas muestran que los mayores despojadores de tierras han sido los paramilitares con 55%, en Meta la mayoría de esos casos son atribuidos a las FARC y ahora a sus disidencias. El año pasado, ante el incumplimiento en la restitución en Colombia, el Gobierno Nacional prorrogó hasta el 2031 la ley de Víctimas y Restitución de Tierras que había sido firmada desde junio de 2011. En 10 años tan sólo han sido devueltas a sus reales propietarios algo más de 390.000 hectáreas de las 3’500.000 que han sido reconocidas como sujeto de restitución.  

QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES

La inteligencia militar y de policía tiene como principal hipótesis que la persona responsable de las muertes de las 4 personas de la comisión y de las amenazas a los reclamantes de tierras a Alexander Díaz Mendoza, conocido con el alias de “Calarcá”.  Este hombre que pertenece a las disidencias que comanda Gentil Duarte, lo hicieron visible desde el Ministerio de Defensa Nacional en septiembre de 2021 al ofrecer 500 millones de pesos de recompensa a quien suministrara información que permitiera su captura, luego de un atentado a una caravana donde se desplazaba el Gobernador de Caquetá, donde murieron varios policías y otros resultaron gravemente heridos. En febrero de 2022 la recompensa ascendió a 1.000 millones de pesos luego de acusarlo de ser el responsable del ataque al Batallón 21 Vargas, en Granada (Meta), con explosivos que iban camuflados en un moto carguero. Allí murieron dos personas, el conductor del vehículo y un soldado; 4 personas más resultaron heridas.

Lo que hemos podido establecer, con los encargados de las investigaciones, es que después del fallido intento de la siembra de girasol de alias Romaña, en Nariño, de quien dicen que fue asesinado en Venezuela, este regresó a La Julia en zona rural de Uribe (Meta) desde donde comenzó a desplazar a personas para quedarse con sus tierras. Esas tierras de las se habría apoderado Romaña, según las autoridades, serían las que quedarían a cargo de alias Calarcá luego de la muerte del reconocido como primer promotor de los secuestros masivos en Colombia mal llamados “pescas milagrosas” de las FARC.

SITUACIÓN ACTUAL

Quisimos hablar con la familia de las hermanas Cortés Uribe, pero se negaron porque dicen que no quieren remover su dolor, que una publicación no les va a devolver a sus seres queridos, y lo peor, no quieren referirse al tema porque les quedó claro de qué son capaces quienes no quieren que vayan a reclamar sus tierras.

 La oficina de Restitución en Villavicencio dice que nos le ha brindado ningún tipo de ayuda económica a las familias de las personas asesinadas pues la ley sólo les permite asistencia jurídica. También nos informaron que el proceso de restitución del predio La Ilusión sigue su marcha, que están a la espera del acompañamiento de las Fuerzas Armadas para hacer la diligencia fallida y así terminar con la entrega, pero no se sabe si la familia seguirá con su reclamación: difícil decisión para la familia Cortés. Queda en las manos de la Gobernación del Meta y de las alcaldías de Villavicencio y Mesetas, el que puedan incluir en sus programas de ayuda a las víctimas a las familias de las personas que han perdido a sus seres queridos. También deben incluir en esas ayudas a tantas personas que por cuenta de la actual situación y de las amenazas, no saben qué es peor: seguir reclamando sus tierras con el riesgo que eso trae u olvidarse de ellas y seguir con su dolor a cuestas. Lo que en las actuales circunstancias es un intransitable camino.

El balón queda en la cancha de las autoridades y velar por eso es en una responsabilidad de todos. La eterna lucha por la tenencia de la tierra sigue agobiándonos, sigue marcando una ruta en la todos debemos ser partícipes. Un país que tiene todas las posibilidades de convertirse en una potencia agroindustrial debe unirnos en torno de las víctimas, no de los victimarios. Esa debe ser una lucha constante.

Échele ojo.